Colombia

Summary: Esta ley crea un programa nacional de esterilización quirúrgica de perros y gatos como método ético de control seguro de la natalidad para reducir los riesgos para la salud pública asociados a los animales vagabundos, así como para reducir la cantidad de animales abandonados, que sufren y son maltratados. El Congreso busca proteger la fauna salvaje mediante este decreto. Las instituciones que realizan la esterilización deben llevar un registro e identificar a los animales que han sido esterilizados, así como prestar sus servicios "sin barreras" a las comunidades que, de otro modo, no podrían esterilizar a sus animales. El Congreso debatió los problemas de bienestar animal relacionados con el abandono y el maltrato, y que al disminuir el número de animales nacidos, se puede dañar a menos animales. Además, se ha demostrado que la esterilización aumenta la calidad y esperanza de vida de los animales esterilizados.

Summary: Este caso se refiere a una demandante de 7 años que interpuso una acción de tutela contra el empleador de su padre, el departamento de policía, por no trasladarlo a una unidad de policía más cercana al domicilio de la demandante. La demandante vivía en un pueblo rural a tiempo completo con sólo su abuela y varios animales. No quería trasladarse a la ciudad donde trabajaba su padre porque la separaría de sus queridos animales. El tribunal debatió ideas sobre derechos fundamentales, procedimiento policial y el significado de "familia". El tribunal sostuvo que la policía violó el "derecho de arraigo" de la demandante y reconoció que los animales pueden ser en gran medida miembros fundamentales de una familia.

Summary: This case is about a 7-year-old plaintiff who brought a "Tutela" action against her father’s employer, the police department, for not transferring him to a closer police unit to the plaintiff’s home. The plaintiff lived in a rural town with only her grandmother and several animals. She did not want to move to the city where her father worked, as it would separate her from her beloved animals. The court discussed ideas of fundamental rights, police procedure, and the meaning of a “family.” Ultimately, The court held that the police violated the plaintiff’s “right to be rooted,” and recognized that animals can very much be core members of a family.

Summary: Relevant legal documents concerning investigation into the cruel treatment of animals at the Malaria Research Center in Cali, Colombia.

Summary: Developments and relevant legal materials concerning PETA's investigation into the irregularities and welfare conditions of primates used by the NIH-funded Caucaseco Scientific Research Center, A Colombian institution dedicated to scientific research for the development of a malaria vaccine.

Summary: En este caso, una menor de 7 años presentó una acción de tutela contra el empleador de su padre, el departamento de policía, por no haberlo transferido a una unidad policial más cercana al hogar de la demandante. La menor vivía en un pueblo rural con su abuela y varios animales. No quería mudarse a la ciudad donde trabajaba su padre, ya que esto la separaría de sus animales, a quien consideraba miembros de su familia. Como prueba, la menor presento un dibujo en el que estan sus familiares humanos y no humanos. El tribunal discutió ideas sobre derechos fundamentales, procedimientos policiales y el significado de una "familia". El tribunal sostuvo que la policía violó el “derecho a arraigarse” de la demandante y reconoció que los animales pueden ser miembros fundamentales de una familia.

Summary: El abogado Gabriel Andrés Suárez Gómez presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que la pesca recreativa violaba el principio de precaución, el derecho a un medio ambiente sano y la prohibición de crueldad animal. Siguiendo el precedente creado con la sentencia C-045 de 2019, que prohíbe la caza deportiva, la Corte Constitucional de Colombia decidió el 2 de mayo del 2022 que las disposiciones relativas a la pesca recreativa contenidas en diversas leyes nacionales eran inconstitucionales, prohibiendo efectivamente esta práctica en todo el territorio. La corte determinó que pescar con fines recreativos, sin ningún otro propósito relevante como comercial o de sustento, constituye una forma de crueldad animal. Específicamente, la corte enfatizó que el mandato de protección animal se deriva del principio de la constitución ecológica, la función social de la propiedad y la dignidad humana. Además, se señaló que, en este contexto, tanto el legislativo como la corte han reconocido previamente a todos los animales como seres sintientes. La corte sostuvo que, aunque no es posible definir con certeza absoluta las consecuencias dañinas de la pesca recreativa en términos de principios de conservación y bienestar animal o la degradación de los recursos hidrobiológicos, existe información científica relevante que debe ser considerada para evitar efectos perjudiciales en los peces y el hábitat. Respecto a la sintiencia animal, tras un exhaustivo análisis, la corte enfatizó que hay razones convincentes para considerar que los peces pueden sentir dolor, y el mandato de protección animal requiere tratar a los seres sintientes con dignidad. De manera similar, según la FAO, actualmente no existe ningún método capaz de eliminar completamente el maltrato a los peces, y hay impactos ambientales que deben ser considerados seriamente junto con los beneficios económicos propuestos a favor de la pesca recreativa. Esta situación llevó a la Corte Constitucional a activar el principio de precaución. La corte determinó que hay un deber de proteger a los animales que implica proteger tanto el equilibrio ecosistémico como a los animales sintientes individuales con valor intrínseco. Esta protección se diferencia y pondera en función del tipo de especie involucrada, ya sea doméstica o silvestre. Además, el deber de protección animal lleva consigo un efecto vinculante indiscutible, que requiere evaluaciones de razonabilidad y proporcionalidad en su aplicación tanto por parte de legisladores como de jueces. Tras un extenso análisis de los efectos positivos y negativos que conllevaría la prohibición de esta actividad, la corte concluyó que la pesca recreativa constituye una forma de crueldad animal que viola el derecho a un medio ambiente sano, específicamente la prohibición contra la crueldad animal de acuerdo con leyes y jurisprudencia constitucional que carecían de respaldo constitucional al no estar fundamentadas en límites permisibles constitucionalmente para el maltrato animal, como (a) la libertad religiosa; (b) los hábitos alimenticios; (c) la investigación médica y experimentación; y (d) prácticas culturales arraigadas. Teniendo en cuenta los intereses de aquellos afiliados a la actividad, que se verían significativamente afectados por la invalidación de las leyes sujetas a esta opinión, y que han estado llevando a cabo actividades bajo leyes previamente consideradas constitucionales, la corte decidió posponer los efectos de la decisión por un año. Esto con el propósito de permitir que aquellos afectados adversamente por ella se adapten a las nuevas circunstancias.

Summary: Attorney Gabriel Andrés Suárez Gómez filed an unconstitutionality complaint with the Constitutional Court, arguing that recreational fishing violated the precautionary principle, the right to a healthy environment, and the prohibition of animal cruelty. Following the precedent created with C-045, 2019, prohibiting sport or trophy hunting, the Colombian Constitutional Court held on May 2, 2022, that the provisions concerning recreational fishing contained in various national laws were unconstitutional, effectively banning this practice in the entire territory. The court found that fishing for the sole purpose of recreation without any other relevant purposes like commercial or sustenance constitutes a form of animal abuse. Specifically, the court emphasized that the mandate of animal protection stems from the principle of the ecological constitution, the social function of property, and human dignity. Moreover, it was pointed out that, in this context, both the Legislature and the Court have previously recognized all animals as sentient beings. The court held that while it is not possible to define with absolute certainty the harmful consequences of recreational fishing in terms of conservation and animal welfare principles or the degradation of hydrobiological resources, there is relevant scientific information that must be considered to avoid harmful effects on fish and the habitat. Regarding animal sentience, after an exhaustive analysis, the court emphasized that there are compelling reasons to consider that fish can feel pain, and the mandate of animal protection requires treating sentient beings with dignity. Similarly, according to the FAO, there is currently no method capable of fully eliminating the mistreatment of fish, and there are environmental impacts that must be seriously considered alongside the economic benefits proposed in favor of recreational fishing. This situation led the Constitutional Court to activate the precautionary principle. The court held that there is a duty to protect animals, which implied a prohibition of animal cruelty. This duty protects both the ecosystemic balance and individual sentient animals with intrinsic value. This protection is differentiated and weighted based on the type of species involved, whether domestic or wild. Moreover, the duty of animal protection carries an indisputable binding effect, requiring assessments of reasonableness and proportionality in its application by both legislators and judges. After an extensive analysis of the positive and negative effects that the prohibition of this activity would carry out, the court concluded that recreational fishing constitutes a form of animal cruelty that violates the right to a healthy environment, specifically the prohibition against animal cruelty in accordance with laws and constitutional jurisprudence that lacked constitutional support as it is not grounded in constitutionally permissible limits for animal mistreatment, such as (a) religious freedom; (b) dietary habits; (c) medical research and experimentation; and (d) deeply rooted cultural practices. Considering the interests of those affiliated with the activity, who would be significantly impacted by the invalidation of the laws subject to this opinion, and who have been conducting activities under laws previously deemed constitutional, the court decided to defer the effects of the decision for one year. This was with the purpose of allowing those adversely affected by it to adapt to the new circumstances.

Summary: In this opportunity, the Court held that bullfighting represents a cultural manifestation and artistic expression of human beings that the legal system must protect. Therefore, bullfighting could not be considered a violent act in terms of article 12 of the Constitution because the prohibition of torture and cruel treatment or punishment presumes an act to be violent when it is against a human being. In turn, bullfighting cannot be considered a violent act because here, there is no treatment that is incompatible with human dignity.

Summary: The court held unconstitutional Law C-041, 2017, which held bullfighting and other exceptions in article 7 of this law should be prohibited as they are cruel and inhumane. However, Law C-041 deferred its effects and gave Congress a two-year deadline to allow Congress to rule on the issue. On Auto 547, the Court held, “Congress is the only body that has the power to prohibit traditional practices that involve animal abuse.”